La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado hoy con una nota de prensa su intención de multar al grupo Telefónica por afectar, económicamente y en imagen, a otras compañías competidoras que usaban su red pagando un alquiler. La CNMC considera a Telefónica responsable de una infracción muy grave al ignorar denuncias de averías auténticas en estas redes alquiladas, considerándolas como «falsas averías«, causando pérdidas de millones de euros a las otras operadoras. Por ello, el importe de la multa asciende a cinco millones de euros.
Según la nota de la CNMC, Telefónica habría considerado como ‘falsas’ averías reales entre el 50 y el 80% de las veces, en el periodo comprendido entre enero de 2014 y octubre de 2015, lo que supondría un incumplimiento del apartado 1.6.10 de la Oferta mayorista del Bucle de Acceso al abonado (OBA), tipificada en el artículo 76.12 de la Ley General de Telecomunicaciones de 9/2014. La OBA es la normativa que gestiona las relaciones entre Telefónica y las empresas competidoras que alquilan sus redes, incluyendo entre otros aspectos, la forma de gestionar averías y sus penalizaciones.
Telefónica tiene el derecho a evaluar las denuncias de averías en sus redes alquiladas, y a considerarlas como falsas si se cumplen una serie de condiciones, que se deben confirmar mediante tareas de comprobación que determinen la causa, y que luego se documenten correctamente, trámites que no se hay llevado a cabo en los casos contemplados, lo que ha devenido en la consecuente multa de cinco millones de euros.
Consecuencias para las otras operadoras
El haber considerado una avería como falsa cuando era de hecho verdadera tiene dos consecuencias principales, ambas negativas para la operadora que alquila la red de Telefónica. La primera es de una penalización mayorista de 26, 12 euros por línea en cada gestión, lo cual ya es un perjuicio económico directo. La segunda consecuencia es de tipo indirecto, pero probablemente incide más gravemente en funcionamiento de la empresa, ya que afecta a su imagen y credibilidad, pues estas operadoras se encuentran en la situación de no poder solucionar averías a sus clientes, algo que de repetirse puede repercutir en peticiones de bajas, y en consecuencia en un gran perjuicio económico, que se ha valorado en millones de euros.
Las penalizaciones por denuncias falsas ya fueron rebajadas en un 75% en 2013, resultando en los actuales 26,12 euros por línea. Esto fue debido a la enorme controversia que generaba y a la oposición de las empresas competidoras de Telefónica. Ahora, aún con esa penalización rebajada, los daños a estas operadoras continúan, por lo que se ha decidido a optar por una acción punitiva de tipo económico como la que hemos descrito.
La nota de prensa del CNMC finaliza informando de que Telefónica tiene un plazo de dos meses para realizar un recurso ante la Audiencia Nacional si no está de acuerdo con la decisión tomada.
